Manuel Díaz Olalla. Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU)

Los responsables de las políticas públicas deben saber que las mismas tienen efectos en la vida y el bienestar de la gente. Esto está demostrado científicamente desde hace muchos años. Los políticos españoles son reacios a admitirlo y, en su caso, a asumir las responsabilidades correspondientes. Esta actitud contrasta con la de dirigentes de otros países de nuestro entorno. A falta de conocerse los datos oficiales definitivos, en 2012, y como efecto inmediato de los recortes en el gasto social global, caben esperarse unos 7.720 fallecimientos más (un incremento de un 2%) de los que ocurrirían si se hubieran aplicado otras políticas. No obstante, y desbordando esas cautas previsiones, en el primer semestre de 2012 en España se registraron 21.000 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2011, lo que rebasa en más de un 9% lo asumible por contingencias coyunturales. Su relación con los recortes en gasto social parece indiscutible. De la misma forma que los profesionales de todos los sectores responden de sus actos ante quien corresponda, los que impulsan estas políticas, considerando que existen otras aplicables en estos momentos, deberían también responder por estos efectos.

En un interesante estudio, investigadores de The Quality of Government Institute (Universidad de Gothenburg, Suecia) demuestran, tras un laborioso análisis de datos de más de 120 países, que los incrementos del gasto privado en salud o el desvío de fondos públicos hacia la gestión privada de la sanidad, detrayéndolos por tanto del gasto público, provoca nítidas disminuciones de la esperanza de vida en buena parte de la población y, a la vez, aumentos de la tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna, así como que estas circunstancias suelen verse precedidas de un déficit mantenido del debido control de la corrupción.

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